Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (I)

Por Carmelo Mesa-Lago.
Tras un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2007, las fallas del sistema económico centralizado de Cuba, que se han visto agravadas por la actual crisis global, han provocado la crisis económica más severa que ha tenido el país desde 1993-1994, cuando se sufrieron las consecuencias del colapso de la URSS (Mesa-Lago y Vidal, 2010; Pérez Villanueva, 2010). El 26 de julio de 2007, cuando la crisis aún no había surgido pero las fallas internas del sistema lo hacían insostenible, Raúl Castro anunció que eran necesarias “reformas estructurales”. Después de este anuncio se produjo en la sociedad cubana el debate más amplio que ha habido bajo la revolución. Posteriormente, desde principios del año 2008 y hasta marzo de 2010, Raúl aprobó varias reformas, mayormente modestas, pero entre ellas destacan dos por su profundo calado: 1) la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas para la explotación por campesinos y cooperativas; y 2) el despido masivo de empleados estatales excedentes, que a partir de ese momento deberían ser ocupados en nuevos trabajos privados.En noviembre de 2010 se publicaron los Lineamientos para discutir en el VI Congreso del PCC, que fueron objeto de un amplio debate nacional antes de ser sometidos en abril de 2011 al citado congreso. En el transcurso del mismo, se modificaron —mediante cambios y agregaciones— un 68 % de los 291 lineamientos originales, los cuales aumentaron hasta 313 acuerdos (un 92 % de ellos económicos y solo un 8 % sociales). De todas formas, la mayor parte de las modificaciones fueron fusiones y correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales[1].

Un factor significativo a destacar es que los acuerdos admiten que las reformas previas han sido insuficientes para resolver los problemas del país, por lo que se requieren más cambios. En definitiva, las reformas y los acuerdos del Congreso son positivos pero a la vez son restringidos, con trabas y desincentivos que limitan su efectividad para resolver los problemas planteados (Espinosa, 2011).
Modelo económico
Los acuerdos del Congreso no cambian esencialmente el modelo vigente, sino que proponen “actualizarlo” de forma gradual y programada, para resolver los graves problemas socioeconómicos existentes. La planificación central continúa como instrumento primordial de dirección económica, aunque transformándose y teniendo en cuenta el mercado y la gestión “no estatal” (el término privado no se menciona en los acuerdos). Pero ambos mecanismos (el mercado y la gestión privada) quedan bajo la influencia del plan y sujetados a controles financieros y administrativos, así como a estricta regulación.La empresa estatal sigue prevaleciendo y se ratifican formas de gestión privada antiguas o introducidas por las reformas de Raúl Castro, pero sin agregar nuevas. La gestión de las empresas estatales será más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales, y en el caso que dichas empresas o las cooperativas tengan pérdidas serán cerradas o transferidas a la gestión privada. Además, con sus utilidades las empresas podrán crear fondos de inversión y programas de estímulo para sus trabajadores y ejecutivos, a la vez que gozarán de más “flexibilidad” en la fijación de precios. Asimismo, se aspira a que la gestión de las cooperativas sea autónoma y que se negocie libremente y sin intermediarios una vez que se cumplan sus contratos con el Estado. Finalmente, se contempla desarrollar mercados mayoristas que vendan insumos y alquilen equipos al sector privado.
Usufructo de tierras
Raúl Castro ha reconocido que se importa el 80 % de los alimentos que consume la población, a un costo anual de 1.070 millones de euros (570 millones más en 2011), mientras que casi un 30 % de un total de 6,6 millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas. Para aumentar la producción y reducir las importaciones, se dispuso la entrega en usufructo de dichas tierras a individuos, cooperativas y entidades estatales, mediante el Decreto-Ley 259 del 10 de julio de 2008. En junio de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, Pedro Olivera, dijo que se habían distribuido un millón de hectáreas. Casi un año más tarde, en marzo de 2011, se informó que hasta el momento se habían otorgado 128.000 usufructos, que sumaban en total 1,2 millones de hectáreas, quedando aún bastante tierra disponible.Los acuerdos del Congreso estipulan dar en usufructo las restantes tierras ociosas del Estado, realizando las modificaciones legales que correspondan para “asegurar la sostenibilidad” de las tierras entregadas. Pero mantienen la venta obligatoria de parte de la cosecha al Estado (acopio), aunque aspiran a “mecanismos de gestión más ágiles” y permiten al productor concurrir al mercado por sus propios medios.
Despidos masivos en el ámbito estatal y expansión del trabajo privado
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) divulgó en enero de 2011 los primeros datos oficiales del desempleo abierto en 2010, que provisionalmente se cifró en 1,6 % (ONE, 2011b). Posteriormente, los datos se actualizaron y en la publicación del Anuario Estadístico de Cuba, que recoge las cifras oficiales consolidadas de cada año vencido, la tasa de desempleo que aparece es del 2,5 % (ONE, 2011c).En su discurso sobre el avance de las reformas en este apartado, Raúl Castro reconoció que la nómina estatal estaba “inflada” (desempleo oculto) y decidió despedir a 500.000 trabajadores en una primera etapa de seis meses (entre octubre de 2010 y marzo de 2011), lo que representaba el 9,8 % de la fuerza laboral y, por lo tanto, se elevaría la tasa total de desempleo al 12 %. En el mismo anuncio se mencionaba que a finales del año 2011 se habrían despedido a un millón de trabajadores, y que a finales del año 2014 la cifra subiría a 1,8 millones, lo que supondría respectivamente el 20 % y el 35 % de la fuerza laboral (Mesa-Lago, 2010b; ONE, 2011c). Dichos despidos eran necesarios para reducir gastos, elevar la productividad laboral y aumentar los salarios, que ahora están un 73 % por debajo del nivel real de 1989. Para dar empleo a los despedidos se crearían en la primera etapa 250.000 trabajos por cuenta propia y una suma igual en otras actividades privadas como el usufructo.Los acuerdos del Congreso introdujeron algunas innovaciones positivas respecto al pasado (Vidal y Pérez Villanueva, 2010), de las que destacan las siguientes: 1) la aprobación de 178 actividades por cuenta propia, 21 más que las permitidas anteriormente; 2) la autorización para emplear a trabajadores no familiares en la mitad de las ocupaciones autorizadas; 3) la posibilidad de venta de bienes y servicios a entidades estatales y más flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y particulares; 4) la regulación por el Banco Central de pequeños préstamos a trabajadores por cuenta propia (comúnmente llamados cuentapropistas) para la compra de bienes, insumos y equipo; 5) el permiso de un año para extraer en minas pequeños volúmenes de materiales de construcción; 6) la afiliación obligatoria a un régimen especial de pensiones de seguridad social (antes voluntaria); y 7) el aumento de 12 a 20 del número de sillas en los pequeños restaurantes (paladares)[2].
Política social
Antes del Congreso, Raúl Castro advirtió a la Asamblea Nacional que el coste de los servicios sociales era muy elevado, ya que representaba el 51 % del presupuesto estatal y el 31 % del PIB. Además, como la tendencia del coste es expansiva la viabilidad es insostenible y por tanto la solución pasa por recortarlo, subordinando el aumento del mismo al incremento de la producción y de los recursos fiscales disponibles (Castro, 2010). Desde 1995, varios economistas cubanos propusieron sustituir los subsidios universales a una gama amplia de bienes y servicios por subsidios específicos para personas necesitadas, un enfoque ahora validado por Raúl Castro. Aunque no se publican estadísticas oficiales sobre niveles de pobreza, algunas encuestas muestran que en el año 2002, bastante antes de la crisis actual, la cifra promedio de la población urbana en situación de pobreza era del 20 %, porcentaje que probablemente sería superior en la población no urbana (Mesa-Lago, 2010c; Espina, 2011).Los acuerdos del Congreso ratificaron los anuncios de Raúl sobre la eliminación de “gratuidades indebidas” y del racionamiento “de manera ordenada y gradual”. De hecho, en el año 2010 varios alimentos y manufacturas fueron sacados de la libreta de racionamiento (patatas, chícharos, jabón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se incrementó el precio de algunos bienes y servicios (electricidad, gas, agua, gaso­lina). El sistema de racionamiento vende alimentos a precios subsidiados inferiores a su coste, pero solo cubre entre 7 y 10 días del consumo promedio mensual, mientras que el resto se debe comprar a precios muy altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Como el subsidio a precios de racionamiento es universal para toda la población, sería razonable suprimirlo para los estratos de ingresos más altos, pero el racionamiento es fundamental para los segmentos más pobres y que además no reciben remesas del exterior, por lo que no puede ser eliminado sin antes reforzar los instrumentos de asistencia social. Este fue el tema más debatido en el Congreso, donde las opiniones oscilaron desde la necesidad de suprimirlo de inmediato, hasta las que se oponían enérgicamente a su erradicación. Finalmente Raúl Castro prometió que el subsidio no se eliminaría “sin crear las condiciones previas para ello” (Castro, 2011), y un acuerdo del Congreso prometía garantizar la asistencia social “a las personas que la necesiten”.Respecto a las pensiones de la seguridad social, estas son una carga pesada, y su monto es creciente hasta el punto de que en el año 2010 supuso el 7,6 % del PIB. El Estado tiene que cubrir el déficit, que alcanza al 40 % del gasto, porque los ingresos por cotizaciones son inferiores a los pagos efectuados a los beneficiarios. Además, este problema se agrava por el acelerado envejecimiento de la población, un escenario que en el conjunto de América Latina tan solo está en peores condiciones Uruguay. En el año 2010, el 17,8 % de la población cubana era mayor de 60 años, y esa cifra aumentará hasta el 30,8 % en el año 2030. Para enfrentar la situación, el Gobierno cubano llevó a cabo una reforma en el año 2008, que aumentó en cinco años las edades de retiro e introdujo otros cambios, pero el déficit y la tendencia al desequilibrio persisten (Mesa-Lago, 2010a; Peláez, 2011). Uno de los acuerdos del Congreso estipuló la disminución del aporte fiscal del Estado para cubrir ese déficit entre contribuciones y pagos de las pensiones, expandiendo las cotizaciones de los trabajadores estatales y privados. Por otro lado, la obligatoriedad para los trabajadores por cuenta propia de afiliarse y cotizar sería otra fuente de ingresos.En el caso de la educación superior, se produjo una explosión de la matrícula como resultado de la “Batalla de ideas”, lanzada por Fidel Castro en 2003. En ese contexto se crearon 3.150 universidades municipales en dos años, pero las prioridades en las carreras y la distribución de los alumnos entre ellas generaron diferencias notables. Por ejemplo, se produjo un salto enorme en las carreras de humanidades, trabajo social, pedagogía y medicina, pero en cambio se contrajo la matrícula de estudiantes en ciencias naturales y matemáticas, mientras que aumentó ligeramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas. Esta situación provocó un déficit de científicos e ingenieros agrónomos, que comprometió el desarrollo económico futuro. También, a pesar del incremento de los graduados en carreras vinculadas a la educación, los bajos salarios de los maestros motivaron el éxodo a ocupaciones más lucrativas que dio como resultado un déficit de docentes que se intentó cubrir con “maestros emergentes” (jóvenes traídos del interior y entrenados con rapidez en cursos breves). En consecuencia, se deterioró la calidad de la enseñanza y se crearon graves deficiencias ortográficas en los exámenes de admisión universitaria. Posteriormente, Raúl Castro corrigió algunos de estos problemas: redujo drásticamente las universidades municipales; cerró la ineficaz carrera de los trabajadores sociales (que eran utilizados para otras tareas), así como las costosas escuelas en el campo; ofreció incentivos a los maestros retirados para que regresaran a las aulas; endureció los exámenes de ingreso; restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales, y procuró aumentar la matrícula en las importantes. En este punto, los acuerdos del Congreso estipularon que las matrículas en las carreras universitarias debían corresponderse con las demandas de desarrollo económico y social. Aunque no estaba presente en los Lineamientos para discutir en el Congreso, un acuerdo importante del mismo fue la autorización de la compraventa de viviendas y de automóviles. La prohibición de la compraventa desde 1960 había forzado a la población a efectuar “permutas” o intercambio de viviendas de “similar” valor, pero las permutas estaban cuajadas de trabas burocráticas y corrupción. También en los acuerdos se legitimaron las formas privadas de construcción de viviendas (existentes de facto por decenios) y se prometió satisfacer la demanda de la población para comprar materiales de construcción a fin de conservar y rehabilitar sus viviendas.En cuanto a la salud pública, la exportación de médicos, oftalmólogos, enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a Venezuela, ha generado ingresos en divisas cercanos a los 3.700 millones de euros anuales por ventas de servicios profesionales. Pero también ha creado un déficit interno de estos profesionales, pues aproximadamente un tercio de los médicos está en el exterior. Un acuerdo del Congreso estipuló que se garantizaría que la graduación de especialistas médicos cubriese “las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales”.Finalmente, respecto a los ingresos de la población, Raúl Castro reconoció que los salarios eran insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas, ya que, como se ha dicho anteriormente, su valor real cayó el 73 % entre los años 1989 y 2010. En el Congreso se alcanzó un acuerdo que estipulaba el aumento de los salarios de manera gradual, pero para ello sería preciso aumentar considerablemente la producción y la productividad.
Limitaciones y dificultades en la aplicación de las reformas y los acuerdos
Los acuerdos del Congreso deben ser implementados mediante leyes aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que solo se reúne unos días en junio y diciembre, por lo que para una ejecución expedita habría que expandir las sesiones o habilitar otras reuniones. Sin embargo, algunos acuerdos podrían ser implantados por decretos del Ejecutivo.
Modelo económico
No se concretó un modelo porque los acuerdos ni siquiera bosquejan el nivel de participación e interrelaciones entre el plan y el mercado, a la vez que hay contradicciones entre algunos acuerdos, los cuales dejan algunos aspectos importantes por cubrir[3]. Varias veces durante la revolución se intentó sin éxito aplicar políticas para lograr la descentralización, el autofinanciamiento y el cierre de empresas con pérdidas. Tampoco se logró que con los beneficios de las empresas se crearan fondos de inversión y programas de estímulo para la productividad.El sistema de “perfeccionamiento empresarial” —creado por Raúl Castro en el marco de las entidades gestionadas por las Fuerzas Armadas, sin que se consiguiese extender con éxito del sector militar al civil— se incorporó al modelo, pero sin indicar la forma de integrarse con el mercado y el sector privado, ya que no se permite la concentración de la propiedad privada, ni que la propiedad cooperativa sea vendida o arrendada a cooperativas o al sector privado; tampoco que dicha propiedad sea usada como garantía colateral para préstamos destinados a la inversión. Respecto a la inversión extranjera, se mantuvo la misma pauta seguida hasta el momento; por lo tanto, se circunscribe a las “actividades de interés para el país”, lo que ya había provocado la caída del número de empresas “mixtas” en el período de 2002 a 2009, a pesar de la desesperada necesidad de capital exterior y de transferencia de tecnología que demandaban todos los sectores de la economía.En cuanto a los precios de los bienes y servicios, se mantuvo la fijación centralizada en las áreas que “interese regular”, “descentralizando las restantes” (sin especificar unas y otras). En los Lineamientos se dejaba para más adelante el hecho de conseguir una mayor “flexibilidad” de las empresas para fijar precios, cuando se establecieran regulaciones “que aseguren los intereses del país”, pero esta cláusula se eliminó de los acuerdos. Por último, se estipuló “revisar integralmente el sistema de precios”, pero sin guías de cómo hacerlo.En los acuerdos también aparecen grandes metas idealistas, pero no se llegó siquiera a esbozar estrategias para alcanzarlas. Entre ellas cabe destacar la recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, níquel, tabaco y pesca; la reducción de la dependencia en las importaciones; la supresión de los subsidios a las exportaciones; así como la eliminación de la dualidad monetaria (peso convertible y peso nacional). Existe un consenso en que la reducción de la dependencia en las importaciones de alimentos requiere un aumento de la producción interna, y que la unificación monetaria ha de ser precedida por un incremento en la producción y la productividad. Sin embargo, el análisis de la situación indica que las reformas y los acuerdos son insuficientes para lograr esos objetivos, y además las estadísticas del año 2010 muestran una caída en la producción. Finalmente, la supresión de los subsidios a las exportaciones requiere una reforma integral de los precios que está apuntada en los acuerdos, pero con serias contradicciones y aspectos problemáticos no resueltos.
Usufructo de tierras
La regulación de las tierras en usufructo confronta fuertes limitaciones y también desincentivos no enmendados por los acuerdos. La extensión de las parcelas cedidas no puede ser mayor de 13,4 hectáreas. Es usual que estén cubiertas de marabú (un arbusto espinoso muy difícil de extraer), o que su rendimiento sea bajo. También con frecuencia no hay acceso a agua ni a recursos para cavar un pozo, todo lo cual demanda gran esfuerzo para limpiar, cultivar y regar la tierra. Además, se prohíbe al usufructuario construir una casa en la parcela, por lo que puede que tenga que recorrer una distancia considerable para hacer su trabajo. La propiedad de la tierra se mantiene en poder del Estado, y es este el que concede el contrato de usufructo por solo diez años a personas físicas (el doble si se trata de cooperativas y entes estatales), renovables otros diez si el usufructuario cumple sus obligaciones. En el caso de las cooperativas y de las entidades estatales el término del contrato son veinte años.El contrato es rescindido si la tierra no se cultiva “de forma racional y sostenible”, según el juicio del Gobierno, o no se vende al Estado la producción contratada, o si éste decide cancelarlo por razones de utilidad pública o de interés social.El Gobierno asigna al usufructuario una cuota de la cosecha (hasta el 70 %) para su venta obligatoria al Estado (acopio) a un precio inferior al de mercado. En los Lineamientos se proponía como innovación que la mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los acuerdos suprimieron esa cláusula y ratificaron que el Estado determinaría el precio de acopio. En caso de rescisión del contrato, la ley no es clara respecto a si el Estado se queda o reembolsa al usufructuario el valor de la limpieza de marabú y otras mejoras efectuadas para el buen desempeño de las parcelas de tierra. La mayoría de los usufructuarios carece de experiencia para cultivar la tierra, pero ya en dos años deben comenzar a producir y vender al Estado. En cambio, desde el inicio del usufructo hay que pagar tres impuestos gravosos: 1) sobre la posesión y el uso de la tierra; 2) sobre la fuerza de trabajo y la seguridad social; y 3) sobre los ingresos personales. Los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés para comprar semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo.Algunas de las restricciones apuntadas ya habían sido mitigadas: en el discurso pronunciado el 18 de diciembre de 2010 ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro había prometido que el Estado compensaría a los usufructuarios por la inversión y por las mejoras efectuadas (Castro, 2010); en marzo de 2011, el Gobierno aprobó que los bancos estatales otorgasen pequeños créditos a un interés anual creciente del 3 % al 7 %, según el período de tiempo del préstamo, pero el número de prestatarios fue reducido y el crédito no ha podido usarse para erradicar el marabú, sino para iniciar la producción (Granma [18.12.2010 y 30.03.2011] y Reuters [22.03.2011]). También se informó que el Gobierno podría aceptar pequeños créditos extranjeros en divisas para incrementar la producción agrícola, pero estos irían al Banco de Crédito y Comercio, de propiedad estatal, en vez de a los usufructuarios (El Financiero [11.10.2010]). En octubre se anunció que se extendería el tamaño de las parcelas entregadas en usufructo hasta 67 hectáreas (cinco veces más que antes) a aquellos usufructuarios que demostrasen que habían aumentado la producción (Frank, 2011).Después del VI Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Orlando Lugo, realizó unas declaraciones donde hace un balance de los defectos en la regulación del usufructo de tierras y sugiere algunas posibles mejoras[4]. En primer lugar señala que el plazo de diez años para el usufructo a los campesinos privados y las condiciones que el Estado determina para poder rescindir los contratos desincentivan la producción. En su opinión, el usufructo debe ser permanente y los hijos del usufructuario deberían tener derecho a heredarlo. En segundo lugar, indica que habría que permitir que los campesinos construyesen una casa en la parcela cedida y darles facilidades para que adquiriesen los materiales necesarios para su trabajo. Otra cuestión es que aunque se hayan dado créditos para comprar insumos a 10.000 campesinos (no solo usufructuarios), este número representa tan solo el 2,5 % del total de los 400.000 miembros de la ANAP. Además, en el año 2010 no se dieron créditos ni insumos a los usufructuarios, hecho que motivó la caída de la producción agrícola, y ha habido quejas sobre los altos precios y la baja calidad de los productos vendidos. Finalmente, Lugo plantea que no debe producirse una comercialización monopolizada por el Estado (acopio), y en su lugar hay que permitir la comercialización directa de los campesinos a la red minorista. Por su parte, Armando Nova (2010), un investigador cubano sobre temas agrícolas, recomienda que el usufructuario tome sus propias decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y cómo fijar los precios; que las cooperativas sean autónomas; y que se reduzca el acopio a lo indispensable y la mayoría de la producción se venda a precios de mercado.
Trabajo por cuenta propia y despidos masivos
La regulación del trabajo por cuenta propia ha sufrido vaivenes durante la historia de la revolución, que han generado incertidumbre sobre su futuro. En un principio este estaba prohibido, luego se autorizó al inicio de los años ochenta, y después se criticó. Más tarde se amplió durante la crisis económica de los noventa, pero ante los primeros síntomas de recuperación, este se volvió a restringir. En cuanto a la evolución del número de trabajadores por cuenta propia, el cénit se alcanzó con 169.000 en el año 2005, justo veinticinco años después de la apertura inicial, pero a finales del 2010 el número se redujo a 147.000 (ONE, 2011c). Varios economistas cubanos y extranjeros habían sugerido que el Estado se reservase las áreas estratégicas y permitiese el trabajo por cuenta propia del resto, pero los acuerdos autorizaron solo 178 ocupaciones muy concretas. Entre esas ocupaciones algunas son de cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes determinados, transportista de carga y pasajeros, reparador, traductor e intérprete), pero la inmensa mayoría de empleos son artesanales y sin cualificación (aguador, limpiabotas, payaso, carretillero, pelador de frutas). Además, continúa la prohibición de trabajar por cuenta propia a los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos y solo podrán ocuparse de trabajos no calificados. Igualmente, a pesar de la advertencia de Raúl Castro contra la discriminación por género en los despidos, hay evidencia de que ello está ocurriendo (Diario de Cuba [13.06.2011]).Otro problema que se observa en la regulación del trabajo por cuenta propia es el exceso de impuestos. En primer lugar está la licencia para trabajar, que se paga a suma alzada. Le sigue un impuesto sobre el ingreso, que varía entre el 10 % y el 40 % según las ocupaciones. Después está el 25 % por la utilización de la fuerza de trabajo, que puede ser mayor a medida que aumenta el número de trabajadores, así como los aportes a la seguridad social. Finalmente está el 10 % por las ventas y otro 10 % por el uso de los servicios públicos. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza (2010), asegura que el promedio de la carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia oscila entre el 30 % y el 35 %, y que el promedio de las utilidades finales ronda entre el 20 % y el 25 %. Sin embargo, el economista canadiense Archibald Ritter (2011) estima que la tasa efectiva puede exceder el 100 % del ingreso neto de los cuentapropistas, y que es superior a la carga tributaria que se aplica a las empresas con capital extranjero. Por su parte, la ministra Pedraza declaró ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2010, que el impuesto por la utilización de la fuerza laboral crecería según se utilizase mayor cantidad de trabajadores, a fin de desestimular la contratación, que el negocio rinda menos utilidades, y así evitar la concentración de la riqueza. Posteriormente, uno de los acuerdos del Congreso prohibió la acumulación de la propiedad para impedir desigualdades en el ingreso. En definitiva, vemos como con los impuestos a los trabajadores por cuenta propia se planeaba incrementar el ingreso fiscal en un 300 % en el año 2011, pero debido a las restricciones antes citadas se mató al ganso antes de que pusiera los huevos de oro.Por último, los trabajadores por cuenta propia afrontan dificultades para obtener todos aquellos elementos necesarios para desempeñar su labor, incluyendo el acceso al crédito. Los cuentapropistas necesitan pequeños créditos para adquirir insumos, materiales y equipo en un mercado mayorista, como reconoció a finales del año 2010 el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), hecho por el que prometió que este problema se resolvería “en los próximos años”. En este sentido, la Unión Europea, España y Brasil, así como un grupo de empresarios cubano-americanos en la Florida, han ofrecido alrededor de 14 millones de euros para asistencia financiera y asesoría en negocios de los cuentapropistas (El Fi­nanciero [11.10.2010]), pero hasta el momento el Gobierno no ha hecho pública su decisión de si los ha aceptado o no.

[1] Los documentos oficiales de referencia sobre el tema son los siguientes: Proyecto de lineamientos de la política económica y social, VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. (La Habana, 9 noviembre de 2010); Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. (La Habana, VI Congreso del PCC, 1 mayo de 2011).
[2] Véanse las informaciones de prensa de AP (27.06.2010) y Reuters (22.03.2011).
[3] El economista cubano Pavel Vidal (2011) se pregunta “el plan está por encima del mercado, pero ¿hasta dónde?”.
[4] Véase la entrevista efectuada a Orlando Lugo en Juventud Rebelde (14.05.2011).

Fuente: Cubaencuentro

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