Gobierna Cuba una Junta Militar.

Por Roberto Alvarez-Quinones.
El nombramiento hace poco del general Leopoldo Cintra Frías como ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba puso en evidencia el protagonismo –omnipotente- de la junta militar que de hecho gobierna el país, algo muy poco conocido en el mundo.
“Polito”, como lo llaman Fidel y Raúl Castro desde la Sierra Maestra (se alzó en armas a los 17 años de edad), integra desde hace cuatro décadas el exclusivo grupo de generales, coroneles y comandantes que dirige los destinos de Cuba, por encima del Buró Político del Partido Comunista, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros.
El cubano es el único gobierno del planeta que siendo realmente militar se presenta como civil. Si un general es presidente de una nación sin haber sido elegido en unos comicios legítimos es calificado de dictador militar, y si quienes lo acompañan en su entorno cercano de poder son también generales o coroneles, nadie duda en llamarla dictadura militar, no importa si ellos se autodenominan Junta Militar, o no.

Esta regla se aplica en toda partes excepto en Cuba desde 1959, cuando el Comandante en Jefe de un ejército rebelde, Fidel Castro, sustituyó al general Fulgencio Batista, un golpista que sí había sido reconocido internacionalmente como dictador por siete años.
Las últimas elecciones democráticas en la isla tuvieron lugar en 1948. En marzo de 1952, tres meses antes de los siguientes comicios, el candidato Batista estaba muy abajo en las encuestas, y apoyado por Washington (que temía que tomara el poder el Partido Ortodoxo, al que asombrosamente consideraba “comunista” cuando en realidad era anticomunista) dio un golpe de Estado.
Desde entonces, durante 60 años, Cuba ha tenido únicamente tres gobernantes, militares los tres. En abril de 2011, cuando por enfermedad dejó ser el “jefe de jefes”, Castro en vez de convocar elecciones o un plebiscito (como hizo Pinochet) pasó el mando a otro general, su hermano Raúl, quien al ser designado Primer Secretario del Partido Comunista devino nuevo “número uno” de la nación según establece la Constitución socialista.
Castro II reforzó el carácter militar del régimen al nombrar a generales y coroneles en sustitución de civiles en el gobierno y el Partido. Por cierto, eso contrasta con Batista, quien en su afán de presentarse como “demócrata” cuidaba la forma: no se vestía de general y su gabinete estaba integrado por civiles, aunque se sabía que el verdadero poder estaba en Columbia, donde radicaban los generales amigos del dictador.
El 2 de mayo de 1959, al hablar en Buenos Aires ante el Consejo Económico de los 21, Castro dijo: “¿Qué sería de América si los gobiernos constitucionales que hoy existen caen en manos de minorías armadas?” Más de medio siglo después es su gobierno (continuado por su hermano) el único castrense que hay en el continente.
Pero la comunidad internacional no tiene cómo saberlo. Los medios no hablan de eso. No importa que gobierne un grupo de generales que en Argentina, Chile, o Bolivia, sería llamado dictadura militar. Incluso, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza considera que el “presidente” de Cuba es legítimo y que el país puede regresar a esa organización, pese a que la Carta Democrática prohíbe la membresía de naciones con presidentes no elegidos popularmente.
De los 15 miembros del Buró Político (BP) elegidos en el VI congreso partidista, 10 fueron militares. Con la muerte del general Julio Casas Regueiro ahora son 9 militares de 14 integrantes.
O sea, dos tercios del máximo órgano de poder cubano corresponde a militares, incluyendo a los cuatro generales más poderosos: Cintra Frías; Abelardo Colomé, ministro del Interior; Alvaro López Miera, viceministro primero de las FAR y Jefe de su Estado Mayor, y Ramón Espinosa, viceministro de las FAR.
La ‘creme de la creme’
Sin embargo, no es el Buró Político la “creme de la creme” del régimen, sino 13 militares, algunos de los cuales no son miembros del BP. Esta élite la conforman, además de Raúl y Machado Ventura (segundo secretario del PCC y comandante) y de los cuatro generales ya mencionados, el coronel de inteligencia Marino Murillo, vicepresidente del gobierno a cargo de la “actualización económica socialista”, y el comandante de la Revolución Ramiro Valdés, todos miembros del BP.
Además hay otros cinco militares no miembros del BP: general José Amado Ricardo, secretario ejecutivo del gobierno (cargo que ejercía Carlos Lage); general Carlos Fernández Gondín, viceministro primero del Interior; general Joaquín Quintas Solá, viceministro de las FAR; coronel Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, yerno del dictador a cargo de la actividad empresarial de las FAR, y Fidel Castro, quien siempre va a influir en las decisiones clave, o vetarlas.
Estos 13 hombres toman decisiones al margen del Partido y del Estado. Ese fue el “estilo” de poder paralelo impuesto por Fidel (recordar el Grupo de Apoyo del Comandante en Jefe, que era el verdadero gobierno). Lo contrario de lo que predicaba José Martí, quien le reprochó al generalísimo Máximo Gómez su estilo militar de ordeno y mando, en vez del consenso, para ventilar asuntos ajenos a la guerra.
Aunque Raúl es más proclive al trabajo en equipo y más “institucionalista” que su hermano, no va a desmantelar la espina dorsal del castrismo, consistente en concentrar el verdadero poder en un grupo de militares de su absoluta confianza, para evitar las “tentaciones reformistas”, o la traición.
Ni el Consejo de Estado, ni el Consejo de Ministro, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular, ni el Comité Central del Partido, deciden nada importante en Cuba. Esas instancias sólo dan curso legal a lo decidido por el dictador, con el visto bueno de su hermano, “los 13”, y la aprobación formal del BP.
No obstante, “porsia”, seis de los siete vicepresidentes del Consejo de Ministros son también militares (el 86%). Al primer vicepresidente (Machado) le siguen el general Ulises Rosales del Toro, general Antonio E. Lusson, coronel Marino Murillo, comandante de la Revolución Ramiro Valdés, y el general de la reserva José R. Fernández, militar de carrera formado antes de 1959. El único vicepresidente civil es Ricardo Cabrisas.
A principio de los años 80 el director del diario “Granma”, Jorge Enrique Mendoza (tenía ya grado de coronel), me confesó que tenía que viajar a la ciudad de Trinidad porque no la conocía e iba a ser elegido diputado por dicho municipio en la Asamblea Nacional. Al igual que Mendoza, actualmente hay en el Parlamento cubano (Asamblea Nacional del Poder Popular) decenas de generales y coroneles que son diputados por municipios que no conocen, pues ni son de allí, ni han vivido allí.
Aprovechando la percepción que hay en el mundo de que las autoridades cubanas son civiles y auténticas, La Habana se pone a la par de los demás gobiernos y exige a otros derechos que no hay en la isla.
El único país de Occidente en el que es delito llevar encima la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es Cuba. El castrismo habla en Ginebra de derechos humanos mientras mete en la cárcel –por “propaganda enemiga”- a quien se atreve a defender de palabra alguno de los 30 artículos de dicha declaración, aprobada por la ONU en París en 1948, que tuvo su génesis en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada, también en París, durante la Revolución Francesa.
En fin, en Cuba el poder no emana del pueblo –que es quien lo legitima, como diría Jean-Jacques Rousseau- sino de un grupo de militares “iluminados”. Si eso no es una junta militar, es lo que más se le parece.

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