Clientelismo sobre ruedas.

Por Oscar Espinosa Chepe.
El Decreto No. 292 del Consejo de Ministros del 20 de septiembre pone fin a la larga espera de muchos cubanos para vender, comprar o donar vehículos automotores construidos con posterioridad a 1959. Hasta ahora, esta operación solamente era permitida para los fabricados antes de ese año, los llamados “almendrones”, en su inmensa mayoría de origen estadounidense, salidos al mercado en los cuarenta y cincuenta del pasado siglo. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.1 del Decreto, aquellos vendidos en entidades comercializadoras en el país únicamente se autorizarán a “personas que hayan obtenido los ingresos en moneda libremente convertible o en pesos convertibles, como resultado de su trabajo, en funciones asignadas por el Estado o en interés de éste”.

En realidad, este Decreto sólo permite la compraventa o donación de vehículos comprados por asignación hace mucho tiempo, en su mayoría Ladas y Moskovich soviéticos, en explotación desde hace más de 20 años, que como los “almendrones”, funcionan gracias a la creatividad de los cubanos, debido a las dificultades para encontrar piezas de repuesto y aditamentos que posiblemente ya no se producen ni en Rusia.
El Decreto establece que las personas que salgan para residir definitivamente fuera de Cuba, pueden donar sus vehículos a sus familiares. Hasta ahora, al abandonar el país en esas condiciones, no sólo las personas quedan desterradas, sino que se les confiscan todas las propiedades. Quizás esta medida “flexibilizadora” responda a que al gobierno no le interesa recibir más vehículos súper amortizados, sin piezas de repuesto e imposibles de mantener por sus altos consumos de combustible, y por eso, después de tantos años, haya tomado esta decisión, que en la práctica ha constituido, como continúa constituyendo la confiscación de las viviendas y otras propiedades, un inmenso abuso contra ciudadanos indefensos que, empujados por las necesidades o las persecuciones, deciden abandonar su patria y establecerse en otros países.
El Decreto también permite que un ciudadano posea más de un vehículo, pero la transacción para adquirir uno adicional impone un 50.0% más de impuesto. Resulta evidente que esto responde a la política de obstaculizar el progreso y la libertad económica de los cubanos.
La nueva legislación, en líneas generales, permite la compraventa de vehículos usados, la mayoría absolutamente amortizados y de complicado mantenimiento, quedando los nuevos a cargo del Estado para entregar a las personas seleccionadas, como ha venido haciendo desde hace muchos años. De tal forma, mientras los campesinos, los cuentapropistas o las personas que reciban dinero de sus familiares desde el exterior seguirán sin posibilidades de adquirir vehículos nuevos, el Estado continuará su política segregacionista y excluyente para fomentar el clientelismo, así como obligar a actitudes de doble moral a fin de poder progresar en esta Cuba, dominada por el totalitarismo durante más de 52 años.
Este esquema, diseñado para proseguir utilizando la asignación de los vehículos automotores como una herramienta más para el control de la sociedad, podría repetirse con la anunciada legislación para permitir la compraventa de casas, manteniéndose la prohibición a la iniciativa privada en la construcción de inmuebles para ser ofertados en el mercado. Todo indica que el todopoderoso Estado cubano sigue renuente a ceder ni una pizca de poder real, aunque la nación continúe hundiéndose.

Fuente: El Nuevo Herald

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